IVMED Y FEPAMED FIRMAN EL PACTO ESTATAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y POR LA REGENERACIÓN CÍVICA
Momento en el que la presidenta de Ivmed, Amparo Peris, firma el documento
In Valencia Mediación (IVMED), asociación profesional de mediadores y mediadoras de Valencia y la Federación para la Mediación de la Comunidad Valenciana (FEPAMED), firmaron en la mañana de ayer el Pacto Estatal contra la Corrupción y por la regeneración cívica, plasmado y detallado en 150 puntos finales, fijados tras un año de trabajo.
El Paraninfo del Centro Cultural de la Nau-Universitat de València ha acogido el acto de la firma del pacto en la que han participado en su elaboración más de 40 asociaciones de la sociedad civil con inquietudes por regenerar la vida pública y prevenir la corrupción en las instituciones públicas.
IVMED y FEPAMED han estado presentes en el grupo de trabajo dedicado a adoptar medidas en el ámbito de la justicia. Todos los puntos aportados en este ámbito han sido aceptados en el documento final. Entre los más destacados figuran independizar al Ministerio Fiscal del gobierno, otorgándole un estatus jurídico similar al de jueces y magistrados e implementar la mediación, efectiva, como herramienta satisfactoria de resolución de conflictos, con la finalidad además de descongestionar a los juzgados en el número de asuntos.
Aunque cerca del 93% de las propuestas recogidas en los 150 puntos del pacto estatal firmado esta mañana han sido aceptadas por todos los grupos políticos con representación parlamentaria en las Cortes Valencianas (Compromís, PSPV-PSOE, Podemos, UpyD, PP, EU y Ciudadanos), hay tres puntos conflictivos en los que no ha existido unanimidad de los grupos y en los que habrá que seguir trabajando para lograr el compromiso de todos los partidos políticos.
Los tres puntos más conflictivos para los partidos políticos han sido el 37 que hace referencia al cambio en la Ley Electoral para implantar el sistema de listas abiertas que no ha sido aceptada por EU, PSPV-PSOE y Ciudadanos, el punto 26 que habla de suprimir el Senado que sólo han aceptado UpyD, EU y Ciudadanos y el punto 68 que quiere retirar las competencias urbanísticas a las administraciones locales, por entender que es el principal foco de corrupción política y que únicamente aceptan UpyD y Podemos.